"Me dispararon ahí", dice José Luis Millán, señalando hacia el norte, hacia la calle Alameda.
En un caliente domingo de verano, el elotero está de vuelta en Watts. Empujando su carro por su antigua ruta desde los proyectos de vivienda de Imperial Courts a través de las calles al este del complejo. El calor del asfalto negro es palpable.
Millán, de 34 años, está hablando con un viejo cliente en la esquina de la calle 113 Este y el bulevar Mona, uno de los pocos que han salido de sus casas para saludarle al oír su timpre, preguntándole dónde ha estado. Uno de ellos le trae una bolsa llena de fruta recién lavada de su jardín.
"No lo he visto", le dice un cliente a Millán.
"Me he estado moviendo, por eso", responde Millán mientras cubre el elote, maíz dulce en un palo, con queso cotija y chile en polvo. Es el mismo chile en polvo que arrojó a la cara de su agresor el año pasado en un intento de protegerse antes de que le dispararan en el estómago.
En la noche del 30 de abril de 2021, Millán fue baleado en la calle Alameda, cuadras al norte de donde se encuentra, en un intento de robo. Después de intentar buscar otro lugar para vender, los problemas de dinero lo han obligado a volver a Imperial Courts.
Es uno de los muchos vendedores ambulantes de comida de Los Ángeles que debe llevar su negocio mientras lucha contra sus problemas de salud mental. En entrevistas con más de 20 vendedores ambulantes de todo el condado de Los Ángeles realizadas por L.A. TACO y Capital & Main este verano, los vendedores describieron los traumas de la emblemática profesión que les llevan al límite.
En un foro sobre la venta ambulante y la salud mental organizado por L.A. TACO y Capital & Main el 3 de agosto, los vendedores dijeron que deben navegar entre una serie de fuerzas hostiles para obtener sus ingresos: policías, alguaciles e inspectores del gobierno que imponen multas y confiscan la comida y el equipo; concejales que cierran los mercados de venta ambulante; ladrones que atacan a los vendedores con pistolas, ácido y cuchillos; y racistas que atormentan a los vendedores con abusos verbales y físicos.
La especialista en traumas Patty Ramírez, doctora en trabajo social, afirma que existe "absolutamente" una crisis de salud mental entre los vendedores ambulantes de Los Ángeles. Ramírez, que fundó la organización de salud comunitaria indígena KLBRI, con sede en Los Ángeles, dirigió debates de grupo con vendedores ambulantes sobre su salud mental como parte de un esfuerzo de la Biblioteca Pública de Los Ángeles para proporcionar recursos de seguridad y comerciales a los vendedores.
Los vendedores hablaron de la incesante doble amenaza de ataque y criminalización, dice Ramírez, y se pusieron visiblemente tensos cuando hablaron de calles o intersecciones concretas en las que se habían encontrado con la policía o con ladrones.
"Tenemos una comunidad que está en estrés crónico y en trauma crónica", dice. "Sus cuerpos no saben que ya no están en peligro, y para algunos de ellos todavía están en peligro".
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Desde que fue atacado, Millán ha intentado, sin éxito, dejar atrás su antiguo territorio.
"Me mudé a Palmdale por lo que pasó", dice a sus clientes. Ellos le responden: "Cuidese".
"¿Cómo voy a dejar a mis mejores clientes?". se ríe Millán.
Millán ha luchado por encontrar una ruta que le garantice unos ingresos estables en Palmdale. Los fines de semana, conduce dos horas de vuelta a Watts, donde en un día hace su ingreso semanal en Palmdale.
"Me mudé pensando que iba a encontrar algo mejor", dice. "Estoy estresado porque no sé cómo voy a pagar la renta. No vendo tanto como en Watts, y el otro día le dieron golpearon a un vendedor de Palmdale porque estaba vendiendo en el 'territorio' de otro".
Millán explica que algunos vendedores se vuelven muy territoriales con sus rutas.
"Estoy más frustrado que asustado si soy sincero", continúa. "Sólo quiero poder cuidar de mi familia. Siempre es una cosa tras otra, pero no puedo rendirme".
Encontrar sus productos en Palmdale también ha resultado difícil. Todavía tiene que hacer el largo viaje a Watts para comprar maíz, jarabes aromatizados y hielo, gastando unos 1.200 dólares a la semana en suministros. En Watts, su producto más vendido es el elote, pero en Palmdale, donde las temperaturas son más altas y las casas están tan dispersas, cambia su carretilla por una bicicleta, y el raspado, se vende más que el elote. Ambos cuestan 3 dólares, recién subidos por la inflación.
"Intento que sea asequible porque sé que la comunidad a la que sirvo no tienen dinero", dice mientras prepara una mangonada, ahogando el hielo con trozos de mango y jugo. "No siempre recupero lo que gasto".
Así fue como Millán se vio obligado a volver a Watts, donde hace rodar su carro sobre el pavimento una vez manchado con su sangre.
Después de que le dispararan, Millán recibió un número limitado de sesiones de terapia por teléfono, de un servicio al que, según dijo, le dirigieron la policia. "Tomé unas cuantas y me dijeron que si empezaba a sentirme como después del ataque, podía llamar para tomar el resto de mis sesiones de terapia", dice.
Sin embargo, la mayoría de los vendedores no pueden acceder a la atención de salud mental en el condado de Los Ángeles. Las barreras financieras y el estatus migratorio son algunas de las cuestiones que suelen interponerse en el camino de muchos que buscan ayuda, dice Carolina Valle, de la Red de Salud Pétnica de California. Ni mencionar el estigma generalizado que sigue impregnando las comunidades latinas y que marca a las personas que buscan ayuda para su salud mental como débiles.
Las ampliaciones de Medi-Cal y los recursos de salud mental han crecido a lo largo de los años. En 2016 la cobertura se puso a disposición de los niños inmigrantes. En 2020 se amplió la cobertura a los adultos jóvenes de 19 a 25 años, y este año a los mayores de 50 años. California está ampliando el Medi-Cal (y la cobertura de salud mental que lo acompaña) a todos los inmigrantes indocumentados para 2024.
Sin embargo, antes de estas ampliaciones, Valle dice que no había una red de seguridad de salud mental para las personas indocumentadas.
"Sólo hasta que estás en crisis recibes servicios por parte del condado", dice.
Las disparidades raciales, junto con la falta de divulgación, son también obstáculos a los que se enfrentan comunidades como los vendedores ambulantes, que son predominantemente hispanos. El proyecto de ley SB 1019, presentado este año por la senadora estatal Lena González, pretende reforzar el alcance de la salud mental del estado a las comunidades diversas, los inmigrantes y la gente de color.
La terapia, mientras tanto, es desconocida para muchos vendedores, dice Patty Ramírez. "Mucha gente todavía no confía realmente en el modelo occidental de salud mental", dice. "Eso es una barrera adicional, una barrera cultural".
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Ignacio Torres Rodríguez tiene su espalda contra la pared. Es la única manera de poder vender los churros que lleva vendiendo desde hace 12 años sin que le entre el pánico.
El 18 de agosto de 2021, Torres Rodríguez fue apuñalado cinco veces en un ataque al azar en Boyle Heights. Ahora no se fía de nadie, dice, y no puede vender con la espalda al descubierto.
Ignacio Torres Rodriguez, selling churros, papas (fried potatoes) and more at Avenue 26 Family Market in Whittier.
Encontró seguridad en el Pico Rivera Sports Arena, la nueva ubicación del Avenue 26 Family Night Market, un centro de venta ambulante que solía estar en Lincoln Heights hasta que fue cerrado abruptamente el año pasado. Ahora, a 16 millas al este de su ubicación original, el mercado funciona como un refugio seguro para los vendedores desplazados del Mercado de la Avenida 26 y el mercado de la calle Patata en Cudahy, cerrado en junio de 2021, así como para los vendedores independientes que han sido víctimas de ataques.
"Para mí ya no es seguro vender en la calle porque ni la policía ni la ciudad nos dejan trabajar en paz", dice Torres Rodríguez. "Siempre están detrás de nosotros, tirando nuestras cosas, y encima también tendría que ver por mi seguridad".
La venta ambulante se despenalizó ostensiblemente en California en 2018, pero los vendedores de alimentos han sido en gran medida incapaces de adquirir permisos debido a los onerosos requisitos del Código de Alimentos al por Menor de California. Mientras tanto, la criminalización ha continuado en Los Ángeles, particularmente después de la pandemia, cuando el Ayuntamiento citó las preocupaciones de COVID en las medidas de represión de la venta.
En agosto, la Asamblea del Estado de California aprobó el proyecto de ley SB 972, que rediseñaría el Código de Alimentación Minorista para facilitar la concesión de permisos a los vendedores ambulantes. Aunque los permisos siguen siendo caros para los vendedores en muchas ciudades, la ley podría sacar al sector de la sombra. Ahora viaja a la mesa del gobernador Newsom.
Torres Rodríguez pasó por cuatro lugares diferentes el año pasado antes de ser apuñalado, pero fue expulsado de cada uno de ellos por las fuerzas del orden antes de que el defensor de los vendedores ambulantes Edin Enamorado le consiguiera un espacio fuera del Sports Arena.
"A veces tengo recuerdos aleatorios del ataque, y cuando eso ocurre, siento que el calor me recorre el cuerpo como aquel día", dice Torres Rodríguez. "Como cualquier otro trabajo, necesitamos un lugar estable. Pero no podemos tenerlo a menos que tengamos permisos, y nos lo ponen muy difícil".
Cuando el Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles (DPH) inspecciona a los vendedores no autorizados, a veces con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles o los departamentos de policía de la ciudad, a menudo confisca los alimentos y el equipo de los vendedores. Durante un pico de aplicación de la ley en mayo y junio de 2021, el DPH confiscó la comida de al menos 35 vendedores diferentes, según los formularios de inspección de venta obtenidos en una solicitud de registro por Capital & Main. (Una comunidad golpeada fuertemente durante este tiempo fue el Mercado Nocturno de Guatemala en la calle Sexta y Bonnie Brae, donde en junio de 2021, el DPH tiró los productos de los vendedores).
Los inspectores de los vendedores ambulantes de comida para la Oficina de Servicios de la Calle de Los Ángeles llevan armas de fuego "menos que letales", dijo el departamento. Emiten multas a los vendedores que van desde los 250 dólares hasta los 1.000 dólares. La oficina dice que ha emitido más de 2.300 multas a vendedores de alimentos y mercancías sin licencia desde el 1 de enero de 2021.
It's over 100 degrees in Los Angeles, and Cesar Benitez is offering free samples to those passing by his stand. Extending his hand with refreshing shots of cucumber, melon, and watermelon-flavored aguas, and waters.
En un foro celebrado el 3 de agosto sobre la salud mental de los vendedores ambulantes, organizado por Capital & Main y L.A. TACO, César Benítez compartió con otros vendedores y representantes de las oficinas políticas locales su temor a los organismos de control.
"Me llena de impotencia cuando veo que tiran mis productos", dijo, ahogando las lágrimas. Benítez vende aguas frescas, y ofrece 40 sabores diferentes en el barrio obrero de Commerce. Benítez describió cuatro ocasiones en las que el departamento de salud, junto con la policia, han tirado sus productos.
"El miedo me quita el sueño. A veces, cuando por fin puedes dormir, sólo quieres seguir durmiendo para siempre, y pensar que lo que has pasado ha sido sólo una pesadilla. Pero luego vuelves a la realidad".
Al otro lado del mercado, en el Pico Rivera Sports Arena, un vendedor de carnitas desplazado del mercado de la Avenida 26 dice que el cierre del centro lo sumió en semanas de pánico.
"Empecé a beber de nuevo", dice. "No sabíamos dónde íbamos a acabar. Todo el mundo estaba preocupado porque la mayoría de nosotros somos vendedores a tiempo completo. Más de 50 de nosotros íbamos de ciudad en ciudad, y nos iban echando antes de acabar aquí".
"Me encanta mi trabajo", dice José Luis Millán. "Es como mi propia empresa, mi propio negocio, y mi parte favorita es hablar con toda la gente de la comunidad, y servirles.”
"Siempre pasarán cosas y seguiremos trabajando. Así es como hay que ser, incluso cuando es difícil".
Este reportaje forma parte de una serie realizada con el apoyo del programa 2022 California Fellowship del Centro Annenberg de Periodismo sobre Salud de USC, con el apoyo de la editora interina del centro, Monica Vaughan.
